24 Noviembre de 2025 - 12:06
24 Noviembre de 2025 / Ciudadano News / Economía
La cifra es alarmante y expone un profundo desequilibrio en el mercado tecnológico argentino: uno de cada cuatro celulares que circulan en el país ingresa de forma ilegal.
Este porcentaje, equivalente a millones de dispositivos al año, no solo representa una pérdida multimillonaria en recaudación impositiva para el Estado, sino que también alimenta un circuito informal con consecuencias directas para el consumidor y la industria local.
El ingreso masivo de celulares de contrabando distorsiona completamente la estructura de costos. Mientras que los equipos que pasan por los canales formales, como los ensamblados en Tierra del Fuego o los importados legalmente, cargan con impuestos que superan el 50% de su valor, los dispositivos ilegales eluden esta carga.
"Es una competencia desleal y feroz", explica un directivo del sector tecnológico. "El consumidor ve una diferencia de precios muy atractiva en el mercado gris, pero a costa de la legalidad y, muchas veces, de las garantías", agrega.
La promesa de un precio más bajo a menudo esconde riesgos. Un técnico especializado en reparación de equipos advierte sobre la procedencia de estos aparatos.
"Muchos de estos celulares no tienen homologación o son reacondicionados de forma dudosa. El problema no es solo la falta de garantía del fabricante, sino también la potencial inseguridad de los componentes o el software preinstalado", asegura.
Y agrega que "además, la trazabilidad es nula. Si un equipo es robado en el exterior y reingresa como contrabando, su venta en el mercado negro local perpetúa el delito internacional.
Ante los altos costos de la tecnología en Argentina, la tentación de adquirir un celular en canales informales es fuerte.
La brecha cambiaria y la alta inflación han exacerbado esta situación, llevando a muchos a buscar "la oportunidad".
Una reciente encuesta reveló que una parte significativa de los compradores es consciente de que está adquiriendo un producto de origen dudoso, pero prioriza el ahorro inmediato.
La lucha contra el contrabando de celulares requiere una estrategia integral. Por un lado, se necesitan mayores controles en las fronteras y en los comercios informales. Por el otro, la industria formal insiste en la necesidad de reducir la carga impositiva.
"Si los impuestos bajaran y el precio del celular legal se acercara al del contrabando, el consumidor optaría por la seguridad y la garantía", afirmó un economista especializado.
Mientras tanto, el mercado de celulares sigue lidiando con esta sombra del 25%, una grieta que compromete la economía y la seguridad de millones de usuarios.
