20 Julio de 2025 - 14:30
20 Julio de 2025 / Ciudadano News / Economía
Ya aclarada la situación de las acciones de YPF cuya pertenencia rechaza el fondo acreedor de la Argentina, ahora los abogados que representan a la Argentina presentarán el petitorio para que se concrete y sostenga la suspensión del fallo de la jueza Loretta Preska y los papales sigan en poder del Estado nacional.
Los abogados del país presentarán ante la Corte de Apelaciones del segundo circuito de Nueva York los argumentos pertinentes en favor de que se mantenga la interrupción de la ejecución del fallo de Preska.
De esta manera, se busca que el tribunal superior extienda la decisión durante todo el tiempo que dure el proceso de apelación de fondo. Actualmente la pausa estipulada para cumplir el dictamen se limita al lapso que dure las actuales presentaciones de las partes.
El escrito argentino se dará este martes 22 de julio, luego de que el realizado por los beneficiarios del fallo expresara a la Corte de Apelaciones de Nueva York que no quieren hacerse cargo del manejo de la petrolera con el paquete mayoritario de las acciones pero piden que Argentina deposite una garantía para tramitar la apelación.
Este cambio de posicionamiento de los beneficiarios del juicio por la expropiación de YPF, que obliga a la Argentina a pagar US$16.100 millones, se da en simultáneo con el anuncio del gobierno estadounidense de respaldar en el tribunal a la posición argentina mediante la figura del amicus curiae.
En medio de este mejor clima judicial, el país presentará sus consideraciones para evitar desprenderse de las acciones de la compañía en lo inmediato y poder transitar la apelación en la misma instancia bajo otro panorama.
En caso de que el pedido judicial sea rechazado, la orden de Preska se reactivará, obligando a la Argentina a cumplir para no enfrentar que puede conllevar efectos negativos en los mercados internacionales.
La declaración de desacato en Estados Unidos hace referencia a la desobediencia de un fallo judicial y aunque no está previsto para un Estado, puede derivar en una multa y significar otro aliciente negativo que dañe la credibilidad en Argentina de la comunidad global y organismos crediticios, dificultando el acceso a los mercados internacionales.
