La reforma laboral impulsada por el Gobierno de Javier Milei ha encendido las alarmas por su profundo impacto en el sistema de seguridad social. Según un relevamiento del Centro CEPA, la reducción de las contribuciones patronales obligatorias generará un ahorro para los empleadores de USD 2.070 millones anuales, pero a costa de un desfinanciamiento crítico en áreas sensibles como el PAMI, las jubilaciones y las asignaciones familiares.
El costo de la transferencia de recursos
El informe detalla que la disminución de un punto en los aportes destinados a las obras sociales sindicales (del 6% al 5%) implica una transferencia directa del trabajo al capital equivalente a USD 679 millones. A esto se suma la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), que se nutre del 3% de la masa salarial bruta. Aunque este fondo busca financiar despidos, es compensable con contribuciones patronales, lo que termina restando fondos frescos al sistema previsional.
La paradoja del nuevo esquema radica en el contraste de beneficios. Mientras se eliminan impuestos internos para la clase alta, como los gravámenes a aeronaves, embarcaciones y bienes suntuarios (USD 330 millones), se pone fin a las moratorias previsionales. Además, las grandes empresas recibirán una amnistía fiscal y penal mediante un nuevo régimen de blanqueo laboral que condona multas y sanciones.
Finalmente, la reducción de la alícuota del Impuesto a las Ganancias para sociedades afectará directamente a las provincias con una merma del 2,7% en la coparticipación, consolidando un modelo de transferencia millonaria desde el fisco y los trabajadores hacia el sector empresarial más concentrado.