10 Enero de 2025 - 20:30
10 Enero de 2025 / Ciudadano News / Economía
Mientras el Gobierno hace oídos sordos a los reclamos del sector agropecuario, se sigue agravando la situación financiera de dos empresas muy importantes del sector. Se trata de Los Grobo Agropecuaria SA y Agrofina, ambas del grupo Los Grobo, y de la compañía de insumos agrícolas Surcos.
Debieron declarar en default muchos de sus pagarés e instrumentos financieros, y de acuerdo a lo informado por el Banco Central entre el 2 y el 6 de este mes, Los Grobo registró 15 pagos de cheques rechazados, por un valor de 1376 millones, mientras que Agrofina sumó otros tres rechazos por 950 millones, todos entre el 2 y el 8 de enero.
La otra empresa que también cayó en default es Surcos, en este caso por 500.000 dólares, según notificó ayer a la Comisión Nacional de Valores (CNV), y se sabe que enfrenta un juicio con Finlatina SA y un embargo por más de 21 millones.
La situación de la firma de Carlos Casares se había conocido el 27 de diciembre, cuando empresas del grupo Los Grobo notificaron a la CNV que dejarían de pagar pagarés por un total de 10 millones de dólares hasta el 31 de marzo de 2025. El grupo es controlado en un 90% por el fondo de inversión Victoria Capital Partners (VCP), mientras que el 10% restante pertenece a la familia fundadora.
Además, la agencia calificadora FIX (filial de Fitch Ratings) redujo la calificación crediticia de Los Grobo Agropecuaria (LGA) de BBB (arg) a C (arg). "Esto responde al anuncio de que la compañía no cumplirá con sus compromisos financieros", explicó en su informe: "Ante la volatilidad de los flujos en los últimos trimestres, siempre incorporamos una visión consolidada de Agrofina y Los Grobo Agropecuaria, incluyendo el compromiso de integración de un aporte de capital en LGA, previsto para el último trimestre de 2024, el cual fue postergado".
La deuda consolidada del grupo era en noviembre de 207 millones de dólares, afrontando vencimientos de corto plazo por 52 millones, y "el saldo de caja e inversiones corrientes consolidado era de US$15 millones, sumado a inventarios de rápida realización por USD 65 millones", según la calificadora de riesgo, que podría seguir bajando la nota.
Según la empresa, la situación obedece a varios factores: la creciente iliquidez en el mercado de pagarés bursátiles para emisores del agro, la imposibilidad de cobrar créditos clave y las dificultades financieras de una empresa de sus empresas controladas, que son las que llevaron a incumplir con un pagaré de 100.000 dólares. Agrofina adjudicó su incumplimiento a "una retracción significativa en las ventas de agroinsumos, lo que afectó el flujo de fabricantes y distribuidores. Esto provocó una fuerte caída en el mercado de fitosanitarios, sumado a la acumulación de stocks en los canales de distribución". La falta de liquidez en el mercado de pagarés bursátiles les impidió cubrir un pagaré de $400 millones.
Surcos, la otra compañía en dificultades, en su carta enviada a la CNV, informó que "se ha tomado conocimiento respecto de que se ha entablado en contra de la sociedad un juicio ejecutivo por la suma de $50.000.000 en el marco de los autos 'FINLATINA SA C/ SURCOS SA S/ JUICIO EJECUTIVO' (Expte. 21/02050723/0), radicado en el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N° 3, Secretaría Única de Santa Fe". Ahí se incluye un embargo por 21.666.666,66 de pesos.
La firma había caído en default el pasado 28 de noviembre al incumplir el pago de un pagaré bursátil por 500.000 dólares, por la caída del mercado de fitosanitarios en 2023, que sufrió una baja superior al 30%. Además, el inicio de un plan de expansión internacional en noviembre, con una inversión de 36 millones de dólares afectó gravemente su flujo operativo.
Pero en este caso se sumaron muy malas noticias, con la acusación penal de la CNV por presunto engaño a inversores. Según el organismo, días antes de declarar la imposibilidad de pagar el pagaré vencido en noviembre, Surcos emitió Obligaciones Negociables Serie XIV sin divulgar información sobre su estado financiero. Por ello afirmó que existen "fundamentos razonables para formular una denuncia penal" por presuntas infracciones al artículo 309 del Código Penal y al artículo 20 de la Ley 26.831 de Mercados de Capitales.
Se le impuso "una medida cautelar de inhibición general de bienes y el embargo por US$5.547.816, con más la suma de US$2.000.000 estimada provisoriamente para afrontar el pago de intereses", y la compañía aseguró que se defenderá judicialmente.
