1 Diciembre de 2025 - 10:30
1 Diciembre de 2025 / Ciudadano News / Economía
El concepto de un impuesto a las flatulencias vacunas, o más precisamente a las emisiones de metano (CH4) del ganado, ha pasado de ser una excentricidad europea a una amenaza tangible en la Argentina.
La preocupación se disparó con la presentación de un proyecto de ley en la Provincia de Buenos Aires que busca gravar estas emisiones, generando un fuerte rechazo entre los productores que lo consideran un ataque a la rentabilidad y a la competitividad del sector.
La iniciativa busca crear la Tasa Ambiental sobre el Metano en Buenos Aires (TAMBA), y fue presentada por la legisladora bonaerense de Unión por la Patria Lucía Klug, vinculada al sector de Juan Grabois.
El proyecto está específicamente diseñado para aplicar un gravamen a las emisiones de metano provenientes del ganado vacuno y porcino de la provincia, que se liberan principalmente a través de la fermentación entérica (eructos).
El impuesto a las flatulencias vacunas se fundamenta en la lucha global contra el cambio climático.
El metano es un potente gas de efecto invernadero, con un potencial de calentamiento global mucho mayor que el dióxido de carbono en el corto plazo. La autora del proyecto, la diputada Klug, ha manifestado que la iniciativa responde a la "imperiosa necesidad de enfrentar los desafíos del cambio climático" y de alinear la provincia con los compromisos internacionales de reducción de emisiones.
El objetivo de la TAMBA sería obtener recursos que irían a un fondo fiduciario destinado a mejorar la gestión de residuos urbanos y financiar políticas ambientales específicas.
Además de la recaudación, el proyecto busca enviar una señal para que el sector agropecuario adopte tecnologías más eficientes que reduzcan la producción de metano, como dietas especiales o aditivos.
La respuesta de las entidades rurales, incluida la Mesa de Enlace, ha sido de oposición rotunda.
Los ganaderos sostienen que estas medidas representan una penalización a la producción primaria y que, lejos de resolver un problema ambiental, generarán un problema económico.
Dirigentes de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP) fueron categóricos en su rechazo.
Un vocero de la entidad declaró: "Esto es un impuesto a la tierra, al trabajo y al alimento. La ganadería en Argentina es de baja emisión por sus pasturas, y este impuesto solo logra encarecer la carne, descapitalizar al productor y dejarnos fuera de mercado".
Otro referente del sector expresó su frustración: "Cobrar por respirar a las vacas no reduce emisiones, sino que penaliza la producción eficiente y nos quita competitividad global. El Estado debe promover tecnología, no aplicar impuestos".
La preocupación es que la carga fiscal termine por asfixiar al productor bonaerense, afectando a las economías regionales.
