Concesiones viales

Privatización de rutas: El Gobierno firmó los contratos para el traspaso de la Etapa I

El Ministerio de Economía formalizó la entrega de más de 700 kilómetros de la Red Federal de Concesiones a empresas privadas. La medida busca eliminar subsidios del Tesoro y modernizar el corredor del Mercosur.

Por Ciudadano.News

Ruta Nacional 12 en Paraná — web

El Gobierno Nacional dio un paso decisivo en su plan de reforma estatal al firmar los contratos para la posesión, administración y mantenimiento de la Etapa I de la Red Federal de Concesiones (RFC). Esta fase inicial abarca un total de 741 kilómetros de rutas nacionales, lo que representa el comienzo de un proyecto más ambicioso que apunta a alcanzar más de 9,000 kilómetros concesionados en todo el país.

Según explicó el ministro de Economía, Luis Caputo, el objetivo central es reemplazar un sistema vial "deficitario" por uno que sea transparente, competitivo y que no dependa de los subsidios del Tesoro Nacional.

Tramos y adjudicatarias

A partir del miércoles 7 de enero de 2026, la gestión de los tramos quedará formalmente en manos de los consorcios privados seleccionados tras el proceso de licitación iniciado en enero de 2025. La distribución se organiza de la siguiente manera:

Tramo Oriental: Será gestionado por la empresa Autovía Construcciones y Servicios. Incluye las rutas nacionales 12, 14, 135, A015 y 117, atravesando las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos y Corrientes.

Ruta Nacional 12

Tramo Conexión: Quedará a cargo de una Unión Transitoria de Empresas (UTE) conformada por Obring, Rovial, Edeca, Pitón y Pietroboni. Este grupo administrará el Puente Rosario-Victoria (RN 174), clave para la conexión entre Entre Ríos y Santa Fe.

Impacto en comercio exterior

La importancia de esta privatización radica en su ubicación estratégica. Los tramos concesionados forman parte del corredor del Mercosur, facilitando el flujo comercial con Brasil y Uruguay al conectar pasos fronterizos clave.

Además, la inclusión del Puente Rosario-Victoria permitirá una mejor logística para los puertos y centros productivos del Gran Rosario, lo que, en palabras de Caputo, "potenciará las exportaciones y la logística" argentina, fomentando la inversión privada y cuidando los recursos públicos.