Inversiones clave 2026
En un movimiento estratégico para consolidar la llegada de capitales de gran escala, el Gobierno nacional formalizó este jueves la extensión del plazo de adhesión al RIGI.
A través del Decreto 105/2026, el Poder Ejecutivo estiró hasta el 8 de julio de 2027 la ventana de oportunidad para que las empresas accedan a los beneficios fiscales y cambiarios del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones.
La medida no solo busca dar aire a la estructuración de proyectos complejos, sino que pone el foco en la energía como motor de reactivación.
El nuevo plazo de adhesión al RIGI y la apuesta energética
La decisión fue adelantada por el ministro de Economía, Luis Caputo, quien utilizó sus redes sociales para destacar la madurez del sistema.
El funcionario aseguró que el objetivo es brindar "mayor previsibilidad" a los inversores que aún están delineando sus planes de desembolso. "Prorrogamos por un año el RIGI y lo mejoramos para hacerlo más claro y eficiente", afirmó el titular del Palacio de Hacienda en su cuenta oficial de X (ex Twitter).
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La actualización normativa es ambiciosa: se incorporaron nuevos desarrollos de hidrocarburos líquidos y gaseosos costa adentro con un piso de inversión de US$ 600 millones, mientras que para las operaciones costa afuera, el umbral se fijó en US$ 200 millones.
Según detalló Caputo, esta ampliación es fundamental para sectores que, por su naturaleza, requieren plazos de maduración más extensos que los contemplados originalmente.
Al analizar el impacto del régimen hasta la fecha, el ministro se mostró optimista sobre la respuesta del mercado. En ese sentido, Caputo subrayó: "Ya hay diez proyectos aprobados por US$ 25.479 millones y muchos más en evaluación".
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Esta cifra refleja una aceleración en sectores clave como la minería y la infraestructura energética.
El ministro de Economía fue tajante respecto a la filosofía detrás de la prórroga del plazo de adhesión al RIGI: "El régimen ha sido fundamental; cuando hay reglas claras, las inversiones llegan", sentenció.
Con este nuevo horizonte temporal, la administración de Javier Milei busca garantizar que los megaproyectos de Vaca Muerta y el offshore bonaerense cuenten con el blindaje jurídico necesario para transformar el perfil exportador del país.