14 Enero de 2025 - 18:44
14 Enero de 2025 / Ciudadano News / Economía
La Resolución 16/2025 del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) convocó este martes a audiencia pública para el 6 de febrero, en la que comenzará el proceso de Revisión Quinquenal de Tarifas (RQT) con las distribuidoras y transportistas, lleva la firma del su interventor Carlos Casares. Es importante porque de esta revisión surgirán las nuevas tarifas para el período 2025-2029, por lo que habrá aumentos nominales en las facturas de los usuarios además de un mecanismo de actualización "periódico" por inflación o devaluación.
El Gobierno informó que se les garantizará a las empresas un "sendero previsible de ingresos" en los próximos cinco años a cambio de planes de inversión y estándares de calidad en la prestación, mientras que también el Enargas buscará cambiar el reglamento del servicio para que las firmas de distribución no puedan cortar el suministro a los usuarios que decidan no pagar conceptos ajenos al servicio.
Esto no es casual, y tiene que ver con la campaña que viene llevando adelante el ministro de Economía, Luis Caputo, contra el cobro de tasas municipales y/o provinciales en las boletas: "Vamos a tener que cambiar el reglamento del servicio para que las distribuidoras no puedan proceder al corte del suministro si el usuario decide no pagar conceptos ajenos a la prestación del servicio. Es el caso de las tasas municipales y/o provinciales donde la distribuidora no es el sujeto pasivo sino simplemente agente de recaudación", explicaron desde un despacho oficial ante la consulta del diario Infobae.
También se aclara que por el momento no está previsto hacer lo mismo en el caso de las tarifas de electricidad.
La Ley 24.076, la Resolución de la Secretaría de Comercio 267/24, la Resolución de Enargas y la Ley de Defensa del Consumidor 24.240, son las normas que prohíben incorporar tasas e impuestos en las boletas de los servicios públicos, y recientemente Caputo volvió a la carga contra los intendentes que cobran tasas en las facturas de servicios públicos, a la vez que instó a los gobernadores a tomar medidas para evitar esa práctica a través de una nota enviada a las 23 provincias.
