22 Marzo de 2025 - 16:16
22 Marzo de 2025 / Ciudadano News / Economía
El Gobierno nacional avanzó con la creación de un nuevo sistema de contrataciones para la obra pública, flexibilizando las condiciones y algunos requisitos para incentivar una mayor participación.
Al respecto, el titular de la Confederación de Pymes Constructoras de Argentina, Gerardo Fernández, indicó en el programa Círculo Político, de Ciudadano News Radio: "Primero, es un desacierto, tenés un Gobierno nacional que expresa que no existe más la obra pública y por otro lado modifica un decreto aggiornando condiciones".
"Lo que entendemos que ha querido hacer a través del ministro de Desregulación y Transformación del Estado (Federico Sturzenegger), es al registro que existía (refiriéndose al Registro de Constructores de Obra Pública) hacerlo más amplio, de alguna manera bajarle las características de requerimientos a los efectos que pueda haber una mayor oferta, que puedan entrar empresas a las que a lo mejor en el registro anterior no se les daba la capacidad", consideró el entrevistado.
"Otra cosa que han hecho es dividir un poco el registro en tres grandes grupos: uno de concesiones de obra pública, otro de construcción de obra pública y otro de prestadores de servicios. La verdad que esta norma es muy reciente y no está reglamentada todavía, por eso estamos esperando la reglamentación y empezar a ver cómo funciona", agregó Fernández.
Y explicó que "resulta raro, porque no hay licitaciones del Estado nacional y de hecho ha incumplido el 100% de los contratos vigentes. Eso es un tanto contradictorio, y entendemos que lo que están haciendo es sentar las bases y dejar las herramientas para que, cuando exista una normalización de la macroeconomía, tanto este gobierno como el que venga pueda empezar a tener herramientas más aggiornadas a la épocas en las que vivimos para permitirles tener contrataciones más dinámicas".
"Hay una cosa que ha pasado, y es que Mendoza, por haber sido administrada ordenadamente y por los fondos del resarcimiento recibidos (por la obra de Portezuelo del Viento, no autorizada por el entonces Gobierno nacional) hoy tiene una oportunidad histórica de generar trabajo en la industria de la construcción, así que es más que bienvenido", expresó.
Más adelante, se refirió a las empresas que estaban participando en obras públicas que fueron interrumpidas a fines del 2023 y principio del 2024. En ese sentido, indicó que "lo que están pensando hoy las empresas es ver cómo les reciben aquellas obras abandonadas, cómo las resuelven, cómo las rescinden o cómo las continúan. Por eso hoy no están pensando en los nuevos métodos de contratación, porque tienen que resolver un pasado nocivo que les genera quebrantos en sus patrimonios. La verdad es que la situación es muy incómoda o muy violenta para las empresas".
"Entendemos que la macro economía estaba tan desordenada y era tan violento lo que había que hacer, que se cortó por lo sano. Con esto no estamos diciendo que estamos de acuerdo, porque se hizo ajuste a los jubilados, en el transporte, con los docentes... Tal vez los más afectados fueron los jubilados y la obra pública, porque había una situación extraordinaria que así lo requería, y de hecho los constructores han sido solidarios con esa situación", opinó Fernández.
"Ahora también se entiende que una empresa privada no hace inversión en donde no tiene retorno de rentabilidad. Por lo tanto, si hay que custodiar fronteras y para eso hay que hacer un camino, o hay que hacer un puesto de Vialidad o de Gendarmería en la frontera argentina, lo va a hacer el Estado. El mantenimiento de las rutas nacionales en el mundo civilizado está fuera de discusión; no es de izquierda ni de derecha, esto no es comunismo ni de liberalismo, esto es de sentido común", sumó.
Y agregó que "un ejemplo es Bahía Blanca, donde el mismo gobernador (Axel Kicillof) reconoce: 'no hicimos las obras durante diez años y murió gente'. Entonces en las rutas donde no se hace bacheo ni la reparación de la carpeta asfáltica, tenés una mayor accidentología y tenés perdidas de vidas, y eso no es de derecha ni de izquierda ni de ninguna ideología, es de sentido común".
Después, estimó que "en algún momento, cuando se ordene la macro, el Estado, sea provincial o nacional, va a tener que intervenir en esas obras, porque hoy día la educación sigue siendo pública, la salud sigue siendo pública, la seguridad y las comisarías y las cárceles siguen siendo públicas. Entonces se podrá de alguna manera reprogramar la inversión pública nacional y provincial, pero que no se puede dejar de hacer obra pública".
"La rentabilidad no se mide solo en pesos, se mide también en bienestar de la población, y por eso existen los Estados que hacen esas inversiones. En las que al sector privado no le resulta rentable aparece la segunda rentabilidad, que es la rentabilidad social, en donde el Estado decide llevar civilización a zonas en donde si no participa, la gente no podría vivir", opinó finalmente Fernández.
