Nueva normativa
El Ministerio de Salud de la Nación, a cargo de Mario Lugones, lanzó un comunicado contundente en el que establece un límite a los precios que los hospitales públicos pueden pagar por los medicamentos: no más del 65% del valor de venta al público. La cartera de Salud decidió intervenir luego de detectar que en algunas instituciones se estaban abonando valores que incluso superaban el precio minorista.
"La situación era insostenible. En algunos casos, se encontraron montos claramente por encima del precio de venta al público, algo que nunca debería ocurrir", señalaron desde el Ministerio. La medida abarca a todos los hospitales bajo competencia nacional, incluidos los cinco de gestión total y los siete que operan mediante el Sistema de Atención Médica Integral para la Comunidad (SAMIC).
Un sobreprecio 'irracional'
La situación era particularmente preocupante en hospitales como el Prof. Alejandro Posadas o el Dr. Ramón Carrillo, entre otros, donde los sobreprecios en medicamentos eran tan evidentes que, según el Ministerio, resulta lógico preguntarse: ¿quién se beneficiaba hasta ahora?
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En respuesta, desde el entorno de Lugones revelaron que los precios desmedidos podrían deberse a la estructura de la cadena de comercialización en la industria farmacéutica, con especial foco en las droguerías. "Estas intermediarias ejercen una suerte de monopolio en el mercado", reconocieron fuentes del sector. Las cifras son claras: según un informe del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO), sólo cuatro droguerías concentraban en 2019 el 65% del mercado y el 77,7% de la venta del sector.
Eficiencia y reinversión en salud
Para el Ministerio de Salud, esta medida permitirá una "mayor eficiencia en los procesos de compra" y un ahorro directo para las instituciones. Las autoridades fueron claras en cuanto al uso del dinero sobrante: "Ese ahorro directo que generarán los hospitales podrá ser reinvertido en otras áreas, como la mejora en los salarios de los trabajadores de la salud", detallaron.
Desde la Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos (CILFA) respaldaron la medida: "Estamos de acuerdo en toda política gubernamental que facilite y mejore el acceso a los medicamentos con transparencia", expresaron.
La nueva normativa es una invitación a los hospitales a ajustar sus procesos de compra bajo un marco de eficiencia, sin descartar que el Ministerio podría intervenir si persisten los sobreprecios. En adelante, cualquier excepción al límite del 65% deberá justificarse ante la Secretaría de Gestión Administrativa del Ministerio.
La decisión del Gobierno apunta a desmontar una estructura de sobreprecios que impacta en el sistema de salud pública, liberando recursos para la mejora de condiciones laborales y otros sectores prioritarios. Aunque queda por ver si la medida afectará el costo de los medicamentos en general, representa un avance hacia una administración más eficiente.