Presupuesto 2025
Varios gobernadores de todos los sectores políticos, entre ellos Axel Kicillof (Buenos Aires), Gustavo Melella (Tierra del Fuego), Ignacio Torres (Chubut), Martín Llaryora (Córdoba) y Sergio Ziliotto (La Pampa), se reunieron -algunos en persona y otros por teleconferencia- para lograr algún acuerdo y a la vez presionar a la Nación por fondos para sus provincias. Esto ocurre en un contexto donde las transferencias discrecionales a las provincias acumulan una baja del 77% entre enero y octubre, con casos como el de La Rioja que registró un descenso del 98.2%.
Alejandro Pegoraro, director de Politikon Chaco, dialogó sobre este tema con Círculo Político (lunes a viernes de 14 a 16 por FM 91.7 y Ciudadano.news): "Es una tarea titánica la que tienen los gobernadores, partiendo del hecho de que el presidente Milei por un lado, y el ministro Caputo por el otro, manifestaron claramente que la política fiscal nacional no admitirá un incremento de los gastos, lo que de alguna manera le cerró ya la puerta de manera anticipada a cualquier reclamo por mayores fondos a los gobernadores".
En este sentido, precisó que "cada gobernador tiene una realidad particcular y tiene el reclamo vinculado a fondos específicos: en algunos casos corresponden a cajas jubilatorias, en otros a partidas de obra pública o educativa, pero en el contexto actual no hubo ningún tipo de señal del gobierno nacional de rever las partidas que han sido este año eliminadas o recortadas", y a la vez "hay algunas cuestiones que podrían entrar en discusión, sobre todo lo que tiene que ver con distribución de impuestos, como impuestos a los combustibles que quizá es uno de los puntos más clave, ya que hay una porción del impuesto a los combustibles que se los queda el Tesoro Nacional porque con eso se financiaba el Fondo Compensador del Transporte Público de Pasajeros. Con la eliminación de ese fondo los gobernadores dicen me sacaste el fondo pero devolveme los recursos porque si no el Tesoro recauda para sí mismo e incumple la ley de asignación específica de ese impuesto", y el Gobierno estaría incumpliendo la ley.
"Más allá de algunos reclamos que podrían tener cierto eco con la Nación, no creo que termine siendo una disputa que ganen los gobernadores, y van a tener que administrar sus recursos con una reducción muy limitada, como fue este año, porque no habría eventualmente una nueva canilla que se abra por parte del Ejecutivo", sentenció.
Consultado sobre si esto podría dar lugar a reclamo judiciales, y a que el Estado central también pierda juicios y deba pagar como ocurrió con las cajas provinciales de jubilaciones, indicó: "Sí, es una posibilidad. La cuestión vinculada al impuesto a los combustibles es una, después tenemos otra como la caja jubilatoria e incluso el mismo FONID podría ser judicializado, porque se lo eliminó hacia marzo y quedó enero y febrero sin pagar más la deuda que quedó de años anteriores", y además remarcó que "algunos gobernadores ya han actuado en esta sintonía, pero lamentablemente en este tipo de temas la justicia suele ser bastante lenta y hubo juicios por la cuestión jubilatoria que aun hoy siguen sin resolverse, el caso de Córdoba por ejemplo, que lleva mucho tiempo, e incluso con fallo de la Corte el Estado nacional no ha terminado de cumplir con sus compromisos vinculados a los fallos", y consideró "las negociaciones estarán priorizando la mayor celeridad de la llegada de los recursos, obviamente la instancia judicial sigue siendo una posibilidad, pero los gobernadores de alguna manera van a negociar fondos que lleguen de manera más rápida".
Además, Pegoraro aclaró que "En este régimen que propone el gobierno de compensación mutua de deudas, llegado el caso que haya un convenio firmado entre provincia y nación para reconocer deuda recíproca y ver cómo se ponen al día implicaría eventualmente que en algunas deudas judicializadas el reclamo caiga, se le quite la vía judicial en pos de acelerar la negociación por recursos, pero los gobernadores necesitan los fondos hoy y entonces, creo que a partir de allí será la premisa de la negociación".
"El problema con el ajuste del gasto público no es únicamente la cuestión estadística, el problema es que la gran mayoría del ajuste del gasto provincial estuvo centralizado en tres cuestiones básicas, en el gasto salarial, en infraestructura, y en el apoyo del sector privado, porque las transferencias al sector privado, sea productivo o cualquier tipo de política de fomento, también cayó en todas las provincias", aseguró el especialista, para finalizar explicando que "mientras se pelean dos o tres cabezones, el resto de las provincias tienen que hacer malabares para poder cerrar bien sus cuentas públicas y no paralizar la provincia por falta de recursos".