17 Enero de 2025 - 08:46
17 Enero de 2025 / Ciudadano News / Economía
El Gobierno nacional oficializó este jueves en el Boletín Oficial la prórroga del Presupuesto 2024, que a su vez utilizaba de base el Presupuesto 2023, elaborado en el último trimestre del 2022.
El esquema de recursos y gastos que prorrogó la gestión libertaria sorprendió a especialistas con una novedad histórica: proyectó sendas caídas nominales tanto en los ingresos como de erogaciones, lo que plantea severas discusiones, ya que la finalidad del Presupuesto es garantizar la continuidad y eficiencia de los servicios que brinda el Estado, lo que, a priori, no puede ser garantizado con esas estimaciones.
Así, analistas destacan que el Gobierno nacional buscó así una mayor discrecionalidad para el uso de la "motosierra", ya que deberá haber constantes ampliaciones vía decreto.
Pero más allá de la particularidad de que durante dos años consecutivos no hubo un nuevo Presupuesto, abrió un debate legal: el texto estableció recursos por $88,01 billones, lo que implicó una baja nominal de $1,96 billones respecto al 2024 (es una caída real del 26,7%), y gastos por $94,57 billones, una baja nominal de $1,5 billones (caída real de 26,3%).
Desde la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP), afirmaron: "Esta situación implica que no se da cumplimiento a lo establecido en el artículo 27 de la Ley de Administración Financiera, ya que la reducción del gasto total en términos nominales pone en evidencia que no será factible asegurar la continuidad y eficiencia de los servicios".
Con una caída incluso nominal en la cantidad de pesos, y frente a una inflación de 18,3% estimada por el Gobierno para todo el 2025, no se puede garantizar a la población el buen funcionamiento de las distintas dependencias del Estado.
Y agregaron que el Gobierno manejará con discrecionalidad los números, ya que deberá ampliar el Presupuesto en diferentes ocasiones: "Pone en evidencia que habrá ampliaciones en el cálculo de los recursos y también en las autorizaciones de gastos, que solamente se podrán realizar mediante una ley o un DNU. Adicionalmente, cabe señalar que el cálculo de recursos y el nivel de gastos para 2025 es significativamente inferior a lo contemplado en el proyecto oficial de Presupuesto 2025 (-22,5% y -18,4% respectivamente)".
El director de la consultora Epyca, Martín Kalos, afirmó que la discrecionalidad oficial será la norma: "Al no aprobarse la ley de presupuesto, esto es mucho más discrecional, menos transparente, mucho más difícil de entender, incluso para el ojo adiestrado, porque los números no existen hasta que el Gobierno no los ejecuta. El Gobierno es el único que va a saber qué está haciendo durante el 2025, porque no hay ninguna ley que lo obligue a gastar acá o allá. Gastará como quiera y no se podrá hacer seguimiento hasta que no publique datos de lo que ya hizo".
Y destacó que, aunque es usual un ajuste del gasto en términos reales, esta es la primera vez en la que hay una baja nominal: "Nunca había pasado estar dos años sin Presupuesto legalmente aprobado. Y las pocas veces que había ocurrido, no había habido una reconducción que a su vez ajustara reduciendo nominalmente recaudación y gasto. Entonces, hay una discusión que es lógica y es válida respecto de ese artículo 27 de la Ley de Administración Financiera, porque efectivamente la prórroga no garantiza los recursos necesarios para todo el funcionamiento estatal. Pero es una discusión que va a devenir obsoleta y abstracta, porque el Estado en sí va a seguir funcionando y solo algunas de sus funciones podrá no hacerlo, ya que la discusión legal se resolverá dentro de años".
Con información de BAE
