El Banco Central de la República Argentina (BCRA) ha recordado enfáticamente a las entidades financieras sus obligaciones al momento en que un cliente solicita la baja de una tarjeta de crédito. Esta medida busca proteger a los usuarios, especialmente a aquellos que deciden dar de baja su plástico, a menudo por considerarlo impagable.
Según la normativa recordada por el organismo, los bancos están obligados a entregar al usuario una constancia inmediata del trámite de solicitud de baja. Lo más importante es que, desde el instante en que se presenta dicha solicitud, la entidad no puede aplicar ningún cargo ni comisión a la cuenta del cliente.
Este recordatorio se hizo público tras la denuncia de una usuaria que informó haber dado de baja su tarjeta, pero aún así continuaba recibiendo cargos por mantenimiento de cuenta, además de seguir abonando cuotas pendientes.
Pasos para reclamar un incumplimiento
En caso de que una entidad bancaria incumpla con la obligación de cesar los cobros o entregar la constancia inmediata, el BCRA detalla el procedimiento que debe seguir el usuario afectado:
1. Reclamo Inicial al Banco: Los usuarios deben reclamar directamente ante el Responsable de Atención al Usuario del banco.
2. Escalada al BCRA: Si el usuario no obtiene una respuesta del banco en un plazo de 10 días hábiles, la queja puede ser elevada al BCRA. Esto se realiza a través del formulario de reclamos no resueltos del organismo, disponible en su sitio web oficial.
Requisitos para el reclamo formal
Para iniciar un reclamo formal ante el Banco Central, el usuario debe contar con la siguiente documentación e información:
• Número de reclamo asignado previamente por la entidad bancaria.
• Copia del reclamo original presentado y la respuesta recibida por parte del banco.
• Documento Nacional de Identidad (DNI), tanto frente como dorso.
• Haber esperado el plazo mínimo de 10 días hábiles sin haber obtenido una resolución satisfactoria.
El BCRA aclara que, además de estos temas vinculados a las tarjetas, también recibe reclamos por fraudes, problemas relacionados con otros productos o servicios financieros (como préstamos, seguros y cuentas), y solicitudes para corregir datos en la Central de Deudores.
En caso de que el conflicto no se solucione incluso después de la intervención del BCRA, el organismo puede derivar el caso a la Dirección Nacional de Defensa al Consumidor.

