Licitación millonaria
El Gobierno nacional anunció que lanzará una licitación pública nacional e internacional con la finalidad de privatizar nuevos tramos de autopistas y rutas nacionales, totalizando más de 1.800 km. Con esta estrategia de infraestructura vial, el Ejecutivo busca "reemplazar un modelo deficitario por uno transparente, competitivo y sin subsidios del Tesoro", según palabras del ministro de Economía, Luis Caputo.
En primer plano están los corredores claves que abarcan las autopistas Autopista Riccheri, Autopista Newbery y Autopista Ezeiza‑Cañuelas, junto a rutas nacionales estratégicas como la RN 3, 5 y 206.
¿Qué tramos salen a licitación?
La convocatoria comprende dos grandes bloques:
- El denominado Tramo Sur - Atlántico - Acceso Sur, con una extensión de 1.325 km, que incluye la RN 3, RN 205, RN 206 y las autopistas Riccheri, Newbery y Ezeiza-Cañuelas.
- El Tramo Pampa, de 547 km sobre la RN 5 (entre Luján y Santa Rosa).
- Ambos tramos forman parte de la segunda etapa de la Red Federal de Concesiones (RFC), que en total comprende más de 4.400 km divididos en ocho tramos para esta fase.
Declaraciones del Gobierno: ¿qué busca la licitación?
"En total, más de 1.800 km pasarán a ser gestionados por el sector privado, expuso Caputo en su cuenta de X. Agregó: "Estamos trabajando para tener una infraestructura vial más moderna, alentando a la inversión privada y cuidando al mismo tiempo los recursos de los argentinos".
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Según el Ejecutivo, el objetivo es modificar la gestión estatal tradicional de las rutas por un sistema que no implique subsidios permanentes del Tesoro, sino que sea competitivo y de impacto privado.
¿Por qué esta licitación importa?
El volumen de kilómetros involucrados (más de 1.800 km en esta fase) marca una escala significativa en materia vial para el país.
Las autopistas y rutas involucradas conectan zonas estratégicas, tanto para el tránsito de pasajeros como para el transporte de cargas y acceso a puertos.
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El cambio de paradigma en infraestructura vial pone en el centro la figura del concesionario privado, lo que plantea tanto oportunidades como riesgos: mayor eficiencia y modernización frente a posible aumento de tarifas, control estatal reducido o falta de competencia en los procesos licitatorios.
En el contexto de ajuste fiscal y reformas estructurales, esta licitación aparece como un paso clave para liberar al Estado de costos operativos de gestión vial.
La apertura de esta licitación marca un hito en la política de infraestructura vial del país: más de 1.800 km de autopistas y rutas nacionales pasarán a gestión privada en la segunda etapa de la Red Federal de Concesiones. Si bien ofrece la promesa de modernización y eficiencia, también plantea interrogantes sobre tarifas, control estatal y equidad regional. El tiempo dirá si la apuesta privada es sinónimo de calidad o si genera nuevas tensiones en la gestión vial argentina.