3 Diciembre de 2025 - 17:31
3 Diciembre de 2025 / Ciudadano News / Economía
La Corte Suprema de Justicia inició hoy formalmente la transferencia al Estado de más de 60 millones de dólares y bienes inmuebles decomisados a Lázaro Báez y su hijo Martín.
Este proceso se puso en marcha mediante un oficio dirigido al juez del Tribunal Oral Federal 4, Néstor Costabel, en el cual se notificó que se dispuso el decomiso y la adjudicación definitiva de los fondos obtenidos por subastas. Además, la Corte dispuso la inscripción registral de los inmuebles bajo su titularidad.
El director general de Gestión Interna e Infraestructura de la Corte, Sergio Romero, solicitó al TOF 4 que se efectúe la transferencia del dinero a dos cuentas del máximo tribunal y que se remita toda la documentación relacionada con las subastas realizadas en el expediente 3017/2013/TO2/14.
Los montos decomisados alcanzan un total de USD 61.130.860,86, además de $4.174.697, cifra esta última que será ajustable según el índice de precios del consumidor del INDEC.
Esta ejecución efectiva de los bienes fue habilitada luego de que la Corte Suprema, el 29 de mayo de 2025, declarara inadmisibles los recursos presentados por la defensa de Báez. Los jueces Rosatti, Rosenkrantz y Lorenzetti emitieron sus votos dejando firmes las condenas y los decomisos.
El decomiso se sustenta en la sentencia dictada por el TOF 4 en abril de 2021, la cual fue confirmada por la Cámara de Casación en 2023.
Este proceso de transferencia se da en paralelo a la controversia generada por el intento del Poder Ejecutivo de administrar estos activos.
El Poder Ejecutivo había creado por decreto el Consejo de Bienes Recuperados, el cual dependía del Ministerio de Justicia. Sin embargo, en octubre pasado, el juez Pablo Cayssials dictó una medida cautelar que frenó su aplicación.
El magistrado consideró que el decreto "altera de manera integral el sistema de gestión de bienes de origen ilícito" e impacta directamente en la estructura del Poder Judicial, afectando su autonomía y la autarquía presupuestaria, vulnerando la independencia judicial.
