El Gobierno nacional lanzó en junio de este año el Régimen Simplificado de Ganancias y Ahorros, una iniciativa cuyo objetivo central era atraer los dólares no declarados en manos de los argentinos. Este plan fue presentado como parte del "Plan de reparación histórica de los ahorros de los argentinos".
El principal beneficio ofrecido a los contribuyentes que se sumen es que quedan exceptuados de cumplir con la obligación de informar su patrimonio. Esta exención comenzaría a regir para los períodos fiscales iniciados a partir del 1° de enero de 2025.
El nivel de inscripción al nuevo régimen, hasta el cierre de septiembre, mostró una adhesión modesta. Hasta esa fecha, unas 12.702 personas humanas se habían inscrito en el régimen simplificado de ganancias.
Esta cifra representa una fracción menor si se considera el universo de contribuyentes que maneja la administración fiscal: se estima que hay unos 1.277.000 contribuyentes que pagan Ganancias y aproximadamente 5 millones que son monotributistas. ARCA reportó que poco más de 12.000 argentinos se habían sumado al régimen simplificado hasta finales de septiembre.
Principio de Inocencia Fiscal
Para complementar esta herramienta de exteriorización y dar mayores garantías a los ahorristas, el Ejecutivo también había enviado al Congreso el Proyecto de Ley del Principio de Inocencia Fiscal.
Este proyecto tenía como meta "blindar a los ahorristas argentinos ante futuras administraciones". La idea era que, bajo este paraguas legal, los ciudadanos pudieran "disponer libremente de sus ahorros sin tener que demostrar de dónde los sacaron todo el tiempo". Sin embargo, el destino del "blindaje legal" no fue el esperado, ya que la iniciativa no recibió tratamiento legislativo en el Congreso

