Escándalo
Lo que comenzó como una investigación por irregularidades en certificados médicos realizados a algunos futbolistas federados en la Liga Mendocina, derivó en cuatro delitos: asociación ilícita, fraude, falsificación de documento privado y peculado. Si bien por el momento no hay imputados, en la mira están el secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales de Maipú, Fabio Alenda; una médica y dos administrativas.
El foco de la causa apunta a una posible red de emisión de certificados médicos sin respaldo de estudios reales, algo que podría haberse sostenido en el tiempo como una práctica habitual. Esta denuncia fue realizada por la cardióloga Marisa Torre quien detectó que su firma y sello habrían sido falsificados en decenas de electrocardiogramas presentados para habilitar a jugadores a competir en torneos oficiales.
Según la profesional, al menos 58 certificados médicos apócrifos habrían sido presentados con su nombre, sin que ella haya realizado dichos estudios. La acusación fue radicada en sede judicial, lo que dio origen a un operativo dirigido por el fiscal Juan Manuel Sánchez, de la Unidad de Delitos No Especializados, aunque no habrá novedades al respecto hasta que termine la feria judicial a fines de este mes.
Los delitos investigados por el fiscal
Según el magistrado, estos certificados fueron emitidos por una asociación ilícita que tiene como líder a Alenda, junto con la médica y las dos administrativas investigadas que trabajan en un centro de salud del departamento de Maipú. Por esta razón, el fiscal calificó el hecho como delito peculado, que consiste en la utilización de bienes o fondos para su beneficio propio o de terceros por parte de un funcionario público que tiene a su cargo la administración, percepción o custodia de los mismos.
Al hablar de fraude se refiere a los padres de los menores que debieron pagar esos estudios para que sus hijos puedan practicar el deporte y la Liga Mendocina podría ser considerada una víctima más dentro de la causa que investiga una presunta asociación ilícita.
Sin embargo, Sánchez decidió rechazar el pedido para intervenir como querellante particular en el proceso ya que la propia Liga no está exenta de quedar involucrada. Quien sí fue aceptada como querellante es la Municipalidad de Maipú ya que la comuna pretende despegarse de cualquier responsabilidad penal.
Más allá de las implicancias penales, el escándalo genera fuerte preocupación en el seno del fútbol de Mendoza. La Liga Mendocina, que actualmente cuenta con más de 7.000 jugadores federados, atraviesa una etapa de retracción institucional. El caso podría derivar en sanciones deportivas y administrativas si se comprueban responsabilidades. Mientras tanto, la LMF suspendió todas sus actividades.
