21 Noviembre de 2025 - 12:51
21 Noviembre de 2025 / Ciudadano News / ANSES
La situación de las pensiones por discapacidad en Argentina es crítica. A pesar de un fallo judicial claro dictado en octubre, la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) no ha regularizado la situación, dejando a más de 120.000 personas sin cobrar sus haberes de noviembre, ni el retroactivo correspondiente.
El defensor de personas con discapacidad, Juan Carlos González, habló con Acceso Directo, de Ciudadano News, y aclaró que la herramienta de la auditoría "nunca estuvo mal", pero la implementación por parte de ANDIS careció de idoneidad por completo.
"Lo que obtuvimos fue 120.000 o más pensiones suspendidas sin ningún criterio", afirmó González. El especialista denunció que las suspensiones no se debieron a personas que no se presentaron o a falta de documentación, sino a un proceso mal hecho, implementado desde un primer momento con "objetivos de recorte y no con objetivos de transparencia de la política pública".
El caos de las auditorías masivas sin criterio llevó a un reclamo judicial que se acumuló en Catamarca. Un juez federal dictó una medida cautelar que ordenaba a ANDIS "restituir los pagos a todas las personas en el país cuyas pensiones fueron suspendidas". Este fallo se emitió en octubre.
Sin embargo, en noviembre, la respuesta fue la falta de pago y una "pelota que se tiran" entre ANDIS y ANSES sobre quién debe ejecutar la orden. González advirtió sobre la existencia de un "padrón" propio de ANDIS: "La orden que tiene es restituir todas, no solo las que estén en su propio padrón," subrayó, alertando que hay personas afectadas que ni siquiera están incluidas en el listado oficial de restitución.
Hasta el momento, no hay una certeza oficial sobre la fecha de pago. La exigencia del Defensor es que en diciembre se cobre no solo el mes corriente, sino también el retroactivo desde el momento en que se produjo la suspensión de la pensión. De hecho, remarcó que ya se han elevado reclamos desde varias provincias.
Juan Carlos González criticó duramente a las autoridades nacionales, mencionando que son las mismas que anteriormente intentaron "recortar pensiones, prestaciones y subsidios". El defensor concluyó que, si bien las personas con discapacidad fueron puestas bajo sospecha en el pasado, "hoy están como corresponde bajo sospecha de la justicia de la nación" las autoridades que implementaron estas medidas.
La situación es de extrema gravedad, ya que para muchas familias la falta de este ingreso implica también la pérdida de cobertura médica y asistencia esencial.
